CFK PODRÍA IR A TRIBUNALES POR UN DELITO DE LESA HUMANIDAD EN PLENA CAMPAÑA


El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este jueves la declaración indagatoria de la candidata a senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, entre otros imputados en la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto NIsman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, informaron fuentes judiciales. Ahora, el juez Claudio Bonadio, el magistrado que lleva adelante las principales causas contra la ex presidenta, tiene en sus manos la chance de llevarla a tribunales, por un delito que Pollicita considera de lesa humanidad, en plena campaña para el ballotage que el peronismo va a disputar con la alianza oficialista Cambiemos en la provincia de Buenos Ares el próximo 22 de octubre.

El pedido de indagatorias forma parte de un dictamen entregado por el fiscal a Bonadio, a cargo de la causa, e incluye también al ex canciller Héctor Timerman; la ex procuradora general del Tesoro Angelina Abbona; los líderes piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche; el ex jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena; el diputado nacional Andrés Larroque; el ex juez en lo criminal Héctor Yrimia; y funcionarios de la Cancillería argentina, como Gabriela Ruiz Cerruti,

La solicitud del fiscal además prohíbe a los 14 acusados salir del país y establece la inhibición preventiva de sus bienes, según informó el diario Clarín, en tanto La Nación señaló que el fiscal entiende que el delito de encubrimiento del atentado debe ser considerado de lesa humanidad e imprescriptible, como el propio ataque a la AMIA.

Pollicita buscó demostrar en su dictamen “la existencia de un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”.

“El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman”, sostuvo la Fiscalía, en base a la denuncia presentada por Nisman en enero de 2015, pocos días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.

Para Pollicita, “el medio escogido para canalizar esa voluntad ilegítima” fue el memorándum de entendimiento con Irán, rubricado el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Ese acuerdo, que buscaba levantar las circulares rojas con que Interpol daba prioridad a la búsqueda de los sospechosos iraníes por el atentado a la AMIA, se concretó con “canales paralelos de comunicación y negociación” para “avanzar con el objetivo criminal planeado”, denunció el fiscal.

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