CONTRAGOLPE JUDICIAL DEL INTENDENTE KIRCHNERISTA PROCESADO POR FRAUDE


Luego de lograr por tercera vez la suspensión del juicio oral, el intendente kirchnerista del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, pidió el juicio político para la jueza que estaba a cargo del debate, mientras la causa pasea entre dos salas de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata, donde está radicado el expediente, según confirmaron fuentes judiciales. Se trata del denominado caso “mochila verde”, en la que el jefe comunal está procesado hace más de ocho años, acusado por la “desaparición” de 600 mil pesos en el Casino de Mar del Plata, cuando era director de Casinos de la provincia de Buenos Aires.

El juicio oral debía comenzar el 4 de septiembre último, pero una recusación a la jueza Ana María Fernández, titular del Juzgado Correccional 2 de Mar del Plata, ingresada el viernes 1 de este mes, sumada a la renuncia de los defensores de Menéndez, hicieron que el juicio quedara suspendido sin fecha cierta de realización.

La defensa de Menéndez ensayó una defensa política para reclamar el apartamiento de la jueza, al aducir un presunto perjuicio en la realización del debate en pleno proceso electoral. Pero la magistrada recordó que no fue ella quien designó la fecha de debate y subrayó que fue aceptada por la defensa del acusado.

Ahora, el intendente de Merlo va por más. Pidió que se le inicie un jury a Fernández alegando un presunto perjuicio político para el acusado, que en este turno electoral no es candidato a nada pero es uno de los voceros bonaerenses de Unidad Ciudadana, el frente que lleva a Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana como postulantes al Senado en representación del principal distrito electoral del país.

En tanto, la recusación, que había sido rechazada por la magistrada, hizo ingresar la causa en un limbo judicial. La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones se declaró “incompetente” para resolver el planteo.

El incidente fue derivado a la Sala 2, donde los magistrados se excusaron por “afinidad” con la jueza y devolvieron el planteo a la sala original, que ya se había declarado incompetente. La situación quedó en manos de la presidencia de la Cámara penal, que debe determinar los pasos a seguir.

Menéndez fue indagado en el año 2009 y lleva más de ocho años procesado. Cada vez que habló públicamente del caso se puso en rol de víctima al señalar que se trata de una “causa política” y alega tener cero responsabilidad en la maniobra que le endilgan. La carátula de la causa es contundente: “Fraude en perjuicio de la administración pública”, cuya pena en expectativa trepa hasta los diez años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.zra

Junto a Menéndez también será enjuiciado el ex jefe de administración de casinos Daniel Enrique De Luca, porque fue rechazado el pedido de sobreseimiento que hizo su defensa bajo el argumento de que actuó “en obediencia debida” a su superior inmediato.

EL CASO. Según se desprende del expediente xmkzl el 8 de noviembre de 2007, “ante un faltante de dinero (en el Casino Central) que sería constatado por personal de la auditoría”, Menéndez, De Luca junto al “jefe de Finanzas, Raúl Enrique Lombardo, y el jefe de Efectivo, Roberto Armando Miño” ordenaron “la búsqueda de dicho monto al Casino Anexo III o Casino del Mar, sito en el hotel Hermitage”.

“Subrepticiamente y sin registrar contablemente la operatoria -mientras se desarrollaba el arqueo en el Casino Central- los dos últimos se presentaron en el Casino del Mar y procedieron a retirar del tesoro en una mochila la suma de seiscientos mil pesos los que trasladan al Casino Central”, añadió la resolución judicial.

Además, “el 9 de noviembre de 2007, concluido el arqueo por personal de la Auditoría del Instituto en el Casino Central -que obviamente no conocía la maniobra- efectúan el mismo procedimiento devolviendo el dinero en cuestión al Casino del Mar”.

“Los mencionados funcionarios públicos, con abuso de sus atribuciones, dieron provisoriamente a los caudales un destino distinto para los que estaban destinados con el objeto de evitar la constatación de una suma igual faltante y tener que responder en su consecuencia ante las autoridades superiores”, siempre según el expediente.

Miño y Lombardo fueron sobreseídos. El juez de Garantías Juan Francisco Tapia consideró que el accionar de ambos no configuraba delito porque sólo trasladaron la mochila verde al obedecer órdenes de sus superiores.

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